¿Seguridad en las calles?
El decreto por el cual la actual Presidencia de la República autoriza que, durante prácticamente todo su mandato, el ejército retorne a las calles para resguardar la seguridad sólo demuestra la incapacidad de las fuerzas policiales de controlar el territorio donde la delincuencia se ha enseñoreado. También, se le puede entender como una medida emergente para que la gente que salga a las calles sea disciplinada y, así, evitar que se prolongue la cuarentena e impedir que la economía se derrumbe. La presión de Estados Unidos por reactivar las economías es mucha, sobre todo lo que producen partes electrónicas y automotrices. Tanto el gobierno de México como EE. UU. están a punto de entrar en la desesperación, sobre todo porque Donald Trump está en plena campaña de reelección y no quiere perder. Por ello, obliga a nuestro gobierno a acelerar la “normalización” en pleno pico de la pandemia de COVID-19. Para poder sacar de nuevo a los militares del cuartel, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acudió a la Ley de Seguridad Interior aprobada en diciembre de 2017. En dicho documentos se confiere al Presidente la facultad de intervenir con acciones de seguridad en una entidad federativa, aun si no hubiese petición de los gobernadores o congresos estatales, y da a las Fuerzas Armadas facultades de policía. Esta Ley no prevé controles para verificar el respeto a los derechos humanos. Permite a las Fuerzas Federales (incluyendo militares) intervenir en protestas sociales, si consideran que no son pacíficas y ataca la transparencia al determinar que toda la información de seguridad interior será confidencial, entre otras acciones. Para muchos, el ejército en las calles es un recurso positivo en contra de la delincuencia, sobre todo porque las fuerzas armadas, llámese Ejército o Marina, tienen buena imagen ante la ciudadanía. Sin embargo, podrían perderla, ya que no son detectives y sólo obedecen órdenes. Hay que recordar que su lógica es de confrontación, no de contención. En consecuencia, se ponen en riesgo de corrupción. Hay que considerar que sacar el Ejército a las calles puede generar una gran escalada de violencia, pues los grupos criminales tienen igual y hasta mejor armamento que el Ejército. El incremento de violencia lo vivimos en años anteriores, en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En ambos los homicidios dolosos suman 234 mil 996. Serían muchos los municipios y ciudades afectadas, eso sin contar con los “daños colaterales” que manifestaba el mandatario egresado del blanquiazul.
Esta situación se da en el momento en que México se encuentra en el punto más alto de la pandemia del COVID-19, con más de 35 mil casos “oficiales” en un país, que por falta de cultura no obedece a esa chica llamada “Susana Distancia” y como buen latino no obedece la indicación de estar encerrado y sale con cualquier pretexto. A lo anterior le podemos agregar la afectación al sector turístico mexicano. Hasta ahora se reporta el cierre de 262 hoteles (unas 52 mil 400 habitaciones), 2 mil restaurantes y más de 40% de la operación de las aerolíneas, enfrentando pérdidas de al menos 30 mil millones de pesos en ingresos en el sector aéreo y 8 millones de desempleados. Las consecuencias de lo anterior nos van a llevar a una desestabilización de la base de la sociedad: la familia. Esto ya se está dando por los incrementos de violencia contra las mujeres, que ha subido durante la cuarentena, lo que trae como consecuencia una desestabilización por carencia de empleo, dinero y comida que cierne el peligro de una mayor descomposición social y violencia… ¿Estas consecuencias serán contenidas por el Ejército?